domingo, 1 de diciembre de 2013

Muere el ex general Armada, implicado en el 23-F

ARMADA COMYN, Alfonso
Murcia, 1920 - Madrid, 2013.
Militar.

         Miembro del cuerpo de Artillería, diplomado en Estado Mayor. Posee el título de marqués de Santa Cruz de Rivadulla. Fue hijo de un general muy vinculado a la Casa Real, que llegó a ser preceptor del primogénito de Alfonso XIII, Alfonso de Borbón y Battenberg. Combatió en la Guerra Civil; durante la II Guerra Mundial se alistó en la División Azul y consiguió la Cruz de Hierro.
     En 1955 fue nombrado miembro del equipo de preceptores del joven príncipe Juan Carlos de Borbón, que se crió en España a la sombra del general Franco mientras su padre -Juan de Borbón- permanecía exiliado en Estoril. Fue secretario general de la Casa del Príncipe en 1965; conservó el cargo tras la proclamación de Juan Carlos como Rey de España (1975), hasta que le sustituyó Sabino Fernández Campo dos años después.
     Su relación con don Juan Carlos fue estable, estrecha y afectuosa durante muchos años. Sin embargo, a pesar de su influencia como preceptor, no pudo evitar que el Príncipe siguiera el pensamiento liberal de Juan de Borbón, y de otros consejeros como Fernández Campo, Torcuato Fernández-Miranda o el marqués de Mondéjar. A diferencia de éstos, Armada era una persona muy de derechas, enemiga de la democracia. Trató de frenar las medidas democratizadoras que emprendió Juan Carlos I, ya como Jefe de Estado.
     Durante la Transición fue director de la Academia de Artillería; sin embargo, el Jefe de Gobierno, Adolfo Suárez, y su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, quisieron alejarle de los centros de poder, porque desconfiaban de él; por eso le enviaron a Lérida (1980), donde se le puso al mando de una división.
En febrero de 1981 regresó a Madrid al convertirse en 2º jefe del Estado Mayor; un cargo que consiguió, en gran medida, por el interés del Rey en tener junto a él a una persona que llevaba muchos años a su lado, y que consideraba plenamente fiel a la Corona y la Constitución.
     Sin embargo, Armada estrechó los contactos con otros militares contrarios a la democracia, como el teniente general Jaime Milans del Bosch. Abusó de su relación con el Rey para dejar entrever a los mandos militares que éste no estaba de acuerdo con la reforma democrática, fingiendo que sus palabras estaban refrendadas por el monarca. Revolvió las salas de banderas, afirmando que Juan Carlos I estaría a favor de un gabinete de concentración nacional presidido por Armada, que llevara adelante una cierta apertura política, respetando siempre el orden, la religión y los principios del Movimiento Nacional.
     El 23 de febrero de 1981, mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como Jefe del Gobierno, el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, irrumpió en el Congreso y secuestró a los diputados y al Gobierno. De inmediato, siguiendo el plan establecido, Milans del Bosch asumió todos los poderes en la región militar de Valencia, que estaba bajo su mando. Entretanto, Armada trató de que los demás jefes militares se sumaran al golpe de Estado, asegurándoles que éste tenía el respaldo del Rey.
     Para reforzar su papel como portavoz real, cuando se produjo el golpe trató de ir al palacio de La Zarzuela, residencia oficial del Rey, para vincular al monarca sin remedio; sin embargo, éste se dio cuenta de las auténticas intenciones de su antiguo preceptor, gracias a la perspicacia de Fernández Campo; Juan Carlos I le prohibió que acudiera al palacio, para que nadie pudiera pensar que actuaba de acuerdo con él, y se encargó de contactar uno por uno con los demás jefes militares, ordenándoles que se mantuvieran leales a la Constitución y no secundaran el golpe de Estado.
     Muchos de ellos le obedecieron porque estaban de acuerdo con la reforma democrática; otros se limitaron a acatar su decisión porque en su testamento, el general Franco les había ordenado que le obedecieran. Algunos generales le dijeron que estaban a sus órdenes "para lo que fuera", se tratara de defender la Constitución o de sumarse al golpe; mientras que hubo alguno que le respondió que estaba a sus órdenes, pero que "menuda ocasión estaban perdiendo".
     De esta forma, a las pocas horas de iniciado el levantamiento, los únicos reductos que quedaron en manos de los sublevados fueron el Congreso -rodeado por la Policía Nacional- y la ciudad de Valencia. Al caer la noche, Armada hizo un esfuerzo para salvar la situación: entró en el Congreso y le explicó a Tejero cuál era su idea: formar un Gobierno de unidad nacional, en el que podrían entrar socialistas, incluso algún comunista moderado. La periodista Victoria Prego menciona el testimonio de la militante de UCD Carmen Echave, que actuó como médico aquella jornada: Echave pudo anotar la lista de ministros que Armada le confió a Tejero, en la que estaban, entre otros, Felipe González, Jordi Solé Tura, Javier Solana y Enrique Múgica.[1] Al oír esta propuesta, Tejero montó en cólera y gritó que él no había ido al Congreso "a formar Gobierno con la Pasionaria". Los dos militares se despidieron de manera muy agria.
         La mañana del día 24, Tejero aceptó rendirse con una serie de condiciones, en cuya negociación intervino Armada. El documento de rendición se conoce como el Pacto del Capó, ya que se firmó sobre el capó de un vehículo militar Land Rover de los que estaban apostados a la entrada de la Cámara. Esencialmente disponía la salida "digna y honrosa" de los golpistas, que no serían desarmados, y se entregarían en sus cuarteles respectivos; también exigía la ausencia de responsabilidades para los implicados de menor graduación.
         Armada y los demás golpistas fueron juzgados por el Consejo Supremo de Justicia Militar entre el 19 de febrero y el 24 de mayo de 1982. Todos ellos hicieron una piña, de la que le excluyeron a él, porque no le perdonaron que hubiera estado dispuesto a descafeinar el golpe "pactando con la Pasionaria", ni que negara su intervención en unos hechos de los que ellos seguían estando orgullosos. Fue condenado en primera instancia a seis años de cárcel, pero el Gobierno de Calvo-Sotelo recurrió ante el Tribunal Supremo -un acontecimiento inusitado en la Historia de España, donde el poder civil había quedado siempre supeditado al militar- y consiguió un aumento de las penas. El 28 de abril de 1983 se revisaron las condenas, y la suya aumentó hasta los treinta años, con expulsión del Ejército. Fue indultado por el Gobierno de Felipe González a finales de 1988, atendiendo a su estado de salud; entonces se retiró a su finca de Galicia y se centró en la actividad empresarial (exportación de flores).


[1] El gabinete entero, en Prego, Diccionario..., pág. 68, n. 10, y Oneto, 23 F..., págs. 69-70.

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